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La audiencia tuvo como objetivo recaudar nueva información para determinar qué medidas adoptar en la Comuna 13 de Medellín, donde se presume se encuentran enterrados los cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada. En la audiencia, quedaron en evidencia acciones estatales que han obstaculizado la identificación de víctimas y la recuperación de sus cuerpos.
Fecha: 22 de julio de 2019
Autor: JEP
https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-realiza-audiencia-para-indagar-por-restos-de-los-desaparecidos-de-la-Comuna-13-de-Medell%C3%ADn.aspx
El 29 de agosto de 2018, nueve peticionarios -dos representantes del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) y siete familiares de desaparecidos- le solicitaron a la Jurisdicción Especial para la Paz tomar medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país, en los cuales "se presume existen personas inhumadas dadas por desaparecidas en el marco y con ocasión del conflicto armado".
En el caso
particular de la Comuna 13, los peticionarios requirieron el cierre de los
lugares conocidos como la Arenera y la Escombrera, a manera de medida cautelar
anticipada para reparar a las víctimas y preservar la memoria del
conflicto" como "garantía de que la Unidad de Búsqueda de Personas
dadas por Desaparecidas (UBPD) pueda actuar en mejores condiciones en estos
lugares" en el futuro, o los sitios de inhumación donde se pudiesen hallar
cuerpos o restos relacionados con los solicitantes.
Adrián
Antonio Acevedo Gaviria, Wilfer Alberto Callejas Aristizábal y Milbia Luz
Estrada Mesa fueron víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de
Medellín. Sus nombres fueron leídos por los magistrados de la Sección de
Primera Instancia para casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y
Responsabilidad de la JEP, en una serie de actos de memoria en la audiencia
pública del pasado 16 y 17 de julio en el Palacio de Justicia de esta ciudad.
La audiencia buscaba recoger información para determinar si se dictan medidas
en algunas zonas de esta Comuna, donde estarían los cuerpos de posibles
víctimas de desaparición forzada.
Este tipo de
audiencias permite además a las instituciones, entidades y organizaciones que
hayan tenido alguna responsabilidad en la búsqueda o exhumación presenten de
manera pública, y especialmente ante las víctimas, sus planes, retos y
propuestas, para establecer un panorama completo y complejo sobre la situación
en la que están los lugares cuya protección, preservación y conservación se
solicita. Se precisó además que la acción de los magistrados debía limitarse a
un ejercicio de recaudo de información adicional, de debate fáctico y técnico
más próximo a las víctimas, sin prestarse para debates jurídicos, incluidos
aquellos de posible atribución de responsabilidad. Se creó un espacio para que
las víctimas y organizaciones pudieran tratar los siguientes ejes
temáticos:
- La posible inhumación de personas
dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado -como en la
Escombrera a la que aluden los funcionarios-, teniendo en cuenta las labores de
búsqueda, prospección, ubicación, exhumación, identificación y entrega de
restos adelantada por las autoridades competentes.
- La ubicación y cobertura
geográfica de los lugares (regulares e irregulares) en donde existen razones
suficientes para suponer que se encuentran los cuerpos de personas dadas por
desaparecidas.
- Los riesgos actuales y/o
potenciales de daño, destrucción o alteración, natural o por intervención
humana, sobre esos sitios; y finalmente,
- Las medidas que han adoptado las
instituciones para prevenir y atender esos riesgos.
- Ofrecer a cada uno de los
magistrados, a la Mesa Técnica conformada junto con la UBPD para efectos del
trámite de este caso, al Ministerio Público, y a las víctimas o a las
organizaciones que las representen, la oportunidad de solicitar las
aclaraciones o complementos que consideren pertinentes y necesarios.
Agregado a
esto, con el objetivo de materializar la centralidad de las víctimas que rige
las acciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, en medio de
intervenciones de entidades como la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía General
de la Nación, y de organizaciones como Mujeres Caminando por la Verdad y el
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), los magistrados
interrumpían la diligencia para leer algunos de los nombres de las personas que
se han reportado como desaparecidas en este sector. Las fotografías de los
desaparecidos en el auditorio, los nombres sobre las sillas de las madres y
padres que murieron esperando a sus hijos, y la participación de las víctimas
en la diligencia, fueron otras maneras de aplicar este principio.
"En la JEP hemos entendido que la reparación no es algo que se da al final, sino que es un elemento constante que implica considerar a las víctimas y darles un lugar en todas las etapas del proceso, concertar con ellas todo aquello que les da un tipo de consuelo, pero sobre todo de dignidad ciudadana", afirmó el magistrado relator, Gustavo Salazar, al final de la audiencia.
Información nueva
Aunque la
Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP
empezó a estudiar la adopción de medidas cautelares hace más de nueve meses y
ha hecho numerosos requerimientos a las entidades involucradas, la audiencia
pública permitió que nueva información saliera a la luz.
Se supo de la
existencia del documento "Investigación preliminar de la desaparición
forzada en la comuna 13 de Medellín" que Metroseguridad (Hoy Empresa de
Seguridad Urbana) le había encargado a la Universidad de Antioquia en 2010, uno
de los centros de investigación más importantes de la región, y que la Alcaldía
de Medellín no había presentado a la magistratura en sus respuestas oficiales.
La JEP ordenó a esta entidad entregar esta información en tres días hábiles.
Entre otras
inconsistencias, se denunció la construcción de proyectos de vivienda sobre
zonas de interés para la búsqueda de cuerpos de personas desaparecida. También
que se habrían perdido restos de víctimas de desaparición forzada que ya habían
sido encontrados y, no menos importante, que la Gobernación de Antioquia habría
prorrogado títulos mineros en la zona, sin tener en cuenta toda la problemática
orden público y de vulnerabilidad de las víctimas existente en la Comuna 13.
Frente a
esto, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad le ordenó a la
Gobernación de Antioquia presentar los informes de fiscalización minera que ha
hecho en las zonas de La Arenera y La Escombrera, en el marco de los títulos
mineros otorgados por la Secretaría de Minas. También le dio un plazo de 30
días a la Gobernación para que presente un plan de memoria para honrar a los
desaparecidos de la Comuna 13 de Medellín, Así, la Sección evaluará las medidas
a tomar en este sector de Medellín con la información recolectada en esta
audiencia y la nueva que fue solicitada.
La JEP como garante de diálogo
Pese a las
inconsistencias encontradas, la audiencia también fue escenario de diálogo
donde los magistrados de la JEP fueron garantes para que las víctimas
obtuvieran respuestas efectivas. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación
presentó una nueva propuesta de delimitación del polígono número 2 en la zona
conocida como La Escombrera, donde tendrá dos meses de plazo para presentar un
documento con una propuesta de exploración. Además, las víctimas solicitaron a
la Alcaldía de Medellín la adecuación de una casa como sitio de memoria para
recordar a sus seres queridos desaparecidos y esta entidad manifestó su
disposición de discutir la propuesta.
Frente a estos avances, el magistrado Salazar destacó: "la verdad está llegando a la JEP, esta Jurisdicción está dando a conocer aquello que estaba enterrado, soterrado o inconexo. Muchos de los hechos se conocían, pero no se habían conectado y esto nos permite avanzar hacia la verdad, que es la reparación más importante para las víctimas de desaparición forzada".
Al finalizar la audiencia, las víctimas les entregaron a los magistrados un cuaderno con los nombres de sus seres queridos desaparecidos, los mismos que los magistrados estuvieron leyendo en el transcurso de la diligencia y que están en el centro de todas las actuaciones de la JEP.
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