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Justicia Transicional

Ataques a la JEP hundirían a Colombia en la guerra

por James Patrick Jordan, marzo 14 de 2019.

Ataques a la JEP hundirían a Colombia en la guerra

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por James Patrick Jordan

La JEP ha sido víctima de continuos ataques por parte de los opositores al proceso de paz.

Acusaciones injustificadas, amenazas, investigaciones en contra de miembros del organismo, buscan deslegitimar su labor, algo primordial para la consecución de una paz duradera y estable en Colombia.

Por : James Patrick Jordan

30 de octobre 2018 

Articulo tomado de El Turbión.

Foto: Wikimedia

En lo que sería un descarado ataque a los acuerdos de paz de Colombia, el fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira ha acusado a Martha Lucía Zamora, July Henríquez y Ernesto Caicedo, funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de haber falsificado documentos y aprovechado su posición para facilitar el paso a la clandestinidad de ‘Iván Márquez’ y otros antiguos insurgentes y negociadores de paz. Los defensores de derechos humanos no dudan en calificar estas acusaciones de “absurdas”.

La desaparición de ‘Márquez’ y de otros antiguos insurgentes de la vida pública, se dio después de sentir que no contaban con las mínimas garantías judiciales en sus procesos. El pasado 10 de octubre, las Naciones Unidas aseguraron que 74 exguerrilleros de las FARC han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre de 2016 y numerosas fuentes demuestran que más de 400 defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados desde el inicio de 2016, la mayoría de estos asesinatos aún en la impunidad.

Durante la pasada temporada electoral de 2018, diferentes organizaciones de izquierda y centro, dentro de ellas el nuevo partido legal Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común (FARC), fueron amenazados y abiertamente atacados en toda su campaña. Las amenazas o montajes judiciales para extraditar exguerrilleros a los Estados Unidos constituyen una seria violación a los acuerdos de paz.

Todo esto ha planteado un enorme reto para la confianza de los antiguos insurgentes en lo pactado. Mientras la FARC ha cumplido con el 100% de los compromisos que adquirió durante las negociaciones, gobierno colombiano solo ha llevado a cabo el 20% de sus obligaciones. Con el nuevo presidente Iván Duque, las cosas se ven aun peor, está haciendo todo lo posible para echar abajo los acuerdos de paz.

Estas acusaciones contra funcionarios de la JEP hacen parte de este propósito, pues dicha instancia judicial se erige como el principal obstáculo legal para la extradición de antiguos insurgentes a los Estados Unidos y mantiene rigurosas disposiciones para la liberación de presos políticos y prisioneros de guerra dispuesta en lo pactado, aunque más de 600 de esas personas sigan en prisión. Al ser la JEP la piedra angular de la legalidad de los acuerdos, se ha ganado el odio de los enemigos de la paz en Colombia.

De otro lado, la descontrolada violencia política de militares y paramilitares, junto con las acciones legales destinadas a revocar las principales garantías contempladas en los acuerdos de paz hace que se corra el riesgo de hundir de nuevo a Colombia en un estado de guerra permanente. Esto se ha exacerbado con la explosión de actividades de los grupos armados y los narcotraficantes que pueden actuar sin restricciones en las regiones del país donde alguna vez operaron las FARC y revela una verdad incómoda para muchos en la derecha política: en las zonas abandonadas por el Estado, eran las guerrillas las que garantizaban la estabilidad.

En este contexto, los intentos para echar abajo los acuerdos de paz a través de actos legislativos, procesos en las altas cortes y decretos ha resultado una táctica particularmente efectiva. El centro de dicha estrategia es socavar una JEP que hasta la fecha ha sido capaz de bloquear la extradición de ‘Jesús Santrich’ a Estados Unidos, luego de que este antiguo líder insurgente y negociador de paz fuera detenido días antes a convertirse en congresista. Se le vincula a un caso de narcotráfico que carece de pruebas fehacientes y por el contrario, parece una serie de falsas acusaciones e informantes a sueldo, una práctica frecuentemente empleada contra quienes son considerados blancos políticos en Colombia.

Incluso, la Fiscalía General de la Nación ha admitido que no tiene evidencias en contra de ‘Santrich’ y, de acuerdo con la Ley, Colombia no puede extraditar a nadie sin que sus propias autoridades tengan alguna evidencia de que ha cometido un crimen. No obstante, la administración Duque trata de justificar el envío de Santrich a los Estados Unidos diciendo que la “evidencia” está “en Nueva York”.

Existe una alianza entre grandes terratenientes, agroindustriales, narcotraficantes y empresas trasnacionales que prefieren que continúe la violencia a que se haga lo necesario para cumplir los acuerdos de paz: pequeñas reformas en temas de tierras, una transición de la narcoeconomía a un modelo basado en el desarrollo rural y el derecho al retorno de la población desplazada a sus hogares y parcelas. Una forma razonable de lidiar con la violencia política tiene que ver con no abandonar a su suerte las muchas riquezas y recursos con los que cuenta Colombia.

Las políticas que hoy implementa el gobierno de Iván Duque resultan extraordinariamente ‘made in USA’. el gobierno de Trump ha presionado en repetidas ocasiones al de Colombia para que abandone el camino hacia el desarrollo rural y la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos, buscando que asuma una política violenta de erradicación forzosa y fumigación de los sembradíos de coca con el herbicida glifosato (Round Up) fabricado por Monsanto (Bayer). Además, ha urgido al Estado colombiano para que detenga y extradite a Jesús Santrich a Nueva York, con el fin de que afronte su juicio exclusivamente allí.

Las políticas de los Estados Unidos están detrás de los esfuerzos de Duque y Uribe para deshacer la paz conseguida en Colombia e incluso por provocar una intervención militar en Venezuela. Oficiales del Comando Sur del Pentágono han visitado la zona fronteriza entre los dos países y las bases militares con mayor concentración de tropas en las zonas productoras de coca en el suroccidente, es decir, los departamentos de Nariño, Cauca y Valle de Cauca.

Sin embargo, lo que sí sabemos es que del desarme de las FARC y del éxito de los acuerdos de paz depende que Colombia tenga en la práctica una democracia capaz de reincorporar a quienes han dejado las armas para hacer parte de la oposición política. Esto es exactamente lo que esperaban los negociadores de las FARC: que la democracia pudiera florecer y que se garanticen los derechos humanos, abriendo con esto nuevos caminos para la transformación de Colombia.

Los ataques a la JEP, así como los asesinatos y extradiciones de los antiguos insurgentes después de su desarme, no tienen otro propósito que obligar a los líderes de la FARC a desaparecer, ir a la cárcel o morir en una fallida búsqueda de la paz. Y si vuelven a tomar las armas, esto ocurriría en una situación de gran debilidad y rodeados por los nuevos y robustecidos actores armados que han proliferado en ausencia de las desaparecidas FARC.

Esta sería la realidad de una guerra permanente, pero manejable. ¿El resultado? La ‘asociación’ de los Estados Unidos con Colombia permitiría que los primeros le quiten todos los recursos naturales que quieran a quien quieran, donde quieran y cuando quieran.

Mientras la JEP esté siendo saboteada, debemos defenderla. Mientras los defensores de derechos humanos estén siendo encarcelados o asesinados, debemos denunciarlo. Mientras la guerra amenace, debemos tomar posición por la paz de Colombia y el mundo.

 

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