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Posacuerdos

Con el fallo en contra de la Ley de Financiamiento la sociedad colombiana se enfrenta de nuevo a la incertidumbre

por Andrés Felipe Páez Barahona, octubre 31 de 2019.

Con el fallo en contra de la Ley de Financiamiento la sociedad colombiana se enfrenta de nuevo a la incertidumbre

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por Andrés Felipe Páez Barahona


Foto: Revista Dinero

Ley de financiamiento: crónica de una muerte anunciada

Lo que inició como una sólida propuesta en el crecimiento económico político del país, motivada por un enérgico y jovial presidente, terminó siendo la catarsis de la crisis política que se vive al interior del gobierno de Duque. Engalanado por la prensa nacional como “el año de aprendizaje”, se revela un 2019 desastroso para la administración pública en Colombia: la fuerte devaluación del peso colombiano, la tasa de desempleo anclada en 2 dígitos, el hundimiento a la reforma a la justicia y ahora el hundimiento de la ley de financiamiento.

La Corte Constitucional en el comunicado N° 41 del pasado 16 de octubre[1], declaró inexequible la ley de financiamiento (Ley 1943 del 2018) por los vicios de forma acusados en 24 demandas aceptadas por la corte. No obstante, la corte le deja un salvavidas al gobierno al dejar vigente la ley hasta el 31 de diciembre de este año, fecha máxima para que sea presentada una nueva propuesta de ley.

Uno de los demandantes, el profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Daniel Libreros, en entrevista con el espectador, argumentó la demanda por vulneración del principio de publicidad y la consecutividad del proyecto de ley, dos elementos fundamentales en el trámite de una ley. Esto se resume en que no se hicieron públicas las modificaciones hechas en el senado en la fase final de la elaboración de la ley, ni se realizaron los debates que discutieran dichos cambios, “No puede ser que los congresistas voten, en un tema tan importante como el tributario, sin conocer lo que están votando” reclama enérgicamente el profesor Libreros.

Aún queda en la agenda de la Corte Constitucional, el estudio de 21 demandas que piden eliminar artículos puntuales, sobre todo en lo que tiene que ver en la creación de un régimen simple de tributación (Art. 66), la tarifa general para las personas jurídicas (Art. 80) y otras demandas que piden tumbar el impuesto sobre las ventas y las exenciones para empresas.

La ley de financiamiento pretendía otorgar 9,5 billones en exenciones de impuestos a los grandes empresarios recaudando solamente 7,5 billones. Esto con el fin de propiciar el empleo como desde su campaña presidencial se pregonaba con tal convicción, sin embargo, con el pasar del tiempo bajo el mandato de Duque ocurrió todo lo contrario. La tasa de desempleo para el mes de agosto según lo reveló el DANE[2], en su último informe el 30 de septiembre del año en curso, llegó al 10,8%, lo que significaría que 391.000 personas habrían perdido su trabajo formal, desde agosto del año pasado cuando la cifra de desempleo se encontraba en 9,2%.

La grabación del IVA a la canasta familiar, que al final no se consiguió, era un pilar de la ley de financiamiento para sumar a los 9,5 billones exentos a las grandes empresas, por lo que sus únicas salidas serán, la venta de activos del Estado (privatización de empresas públicas) como ya se augura para ISA y parte de Ecopetrol para el año 2020, aumento en la carga tributaria a clases bajas y medias y recorte en el gasto público; la vieja y firme estrategia del FMI, cuyo asiduo laboratorio latinoamericano se ha colmatado nuevamente a las calles asfixiados por el creciente ajuste estatal neoliberal.

¿Qué esperar del final del 2019 y lo que llegan en el 2020?

El pasado martes 22 de octubre el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla radicó en el congreso la nueva reforma tributaria con un mensaje de urgente trámite. Idéntica a la anterior, excluyendo 8 artículos correspondientes a la normalización de activos en el exterior y la eliminación de las medidas aplicables para el año 2019.

Ese mismo 22 de Octubre, la Corte constitucional aprobaba la entrada de Colombia en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), y solo dos días después, el 24 de octubre, el presidente Duque se reunía con el Secretario General de dicha organismo, José Ángel Gurria, el cual le entregaba un informe detallado de los “consejos” que la organización daba a Colombia para mantener su crecimiento estimado por encima del 3%, en los cuales se prioriza la reducción de la informalidad del mercado laboral, a través de la contratación por horas, el salario diferencial por edades, reducir costos de contratación para las empresas, disminución del salario mínimo y como se planteó en un principio, aumentar el recaudo de IVA en Colombia “aplicando la tarifa base a todos los bienes de consumo” incluyendo los de la canasta familiar. En cuanto a la edad de pensión la OCDE enfatiza en aumentar la edad de pensión, a lo que el gobierno se ha distanciado de tal medida, por lo menos por ahora en lo que fue las pasadas elecciones regionales.

El presidente Iván Duque, deberá jugar sus cartas políticas con una habilidad que aún no demuestra, para salvar la política económica que con tanto encomio se empeñó en promocionar desde sus estrategias discursivas en campaña. Su política de cero mermelada, que más bien fue una repartición de su gabinete para la cúpula cerrada del Centro Democrático y allegados, le impidió sumar colosales y oscuras fuerzas como las de Germán Vargas Lleras y Cesar Gaviria, cuyos partidos Cambio Radical y Partido Liberal respectivamente, esperan un incentivo por lo menos ministerial, para sentir el compromiso solidario de la amañada costumbre politiquera entre el ejecutivo y el legislativo colombiano, para dar un visto favorable a lo que resta de la carcomida agenda política del gobierno.

Al gobierno le quedan 3 grandes cartas que barajar: Reforma tributaria, Reforma pensional y Reforma Laboral, las cuales se presentaran después de las elecciones regionales, y en fechas decembrinas como se ha acostumbrado hacer en tan importantes acontecimientos legislativos; una encomiable obra administrativa por parte de los grandes estadistas que tenemos por dirigentes, al momento de calcular la repercusión social en tiempos navideños.

De la Reforma Pensional, el mismo ministro Carrasquilla anunció que no se radicará este año para priorizar en la nueva reforma tributaria. La que fue apodada como  la reforma de protección a la vejez, augura un recorte de los subsidios por parte del estado y la modificación (por no decir eliminación) del Régimen de Prima Media (RPM) gestionado por Colpensiones, lo que en resumidas cuentas, apunta a que una persona se pensione solo con lo que ahorre en su vida, dejando el bienestar en manos de fondos de pensiones privados, negocio que suma actualmente 280 billones de pesos sobre todo para el grupo Aval (Porvenir y Protección) de Sarmiento Angulo y el Grupo Empresarial Antioqueño.

El grupo Aval, ya gran beneficiario por el Decreto 1486 del 2018, el cual modificó el Decreto Ley 2555 de 2010, al permitir que los fondos privados de pensiones inviertan los ahorros pensionales de sus afiliados en compra de acciones de su respectivo conglomerado financiero o dueño, algo prohibido en los mercados financieros internacionales, espera seguir aumentando sus réditos financieros, en lo que sería una dependencia del trabajador a cotizar en los fondos privados para soñar con una pensión estable en el final de sus años. El grupo Aval y su banquero estrella, representan el triunfo capitalista nacional, al controlar no solamente el 30% de los activos financieros del país, sino la agenda política del gobierno, financiando campañas a Diestra y Siniestra.

Lo que no pudiese ser un panorama de mayor crudeza, donde el 44% de la población colombiana gana menos de un salario mínimo y su aspiración a pensionarse cada vez dista más de sus capacidades adquisitivas, se espera consolidar dichos ajustes tributarios y pensionales a través de la Reforma Laboral, la cual fue pedida con urgencia por el mismismo Sarmiento Angulo durante la instalación de la Asamblea de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) el pasado 10 de octubre. Cual patrón que delega las funciones ya preconcebidas, Sarmiento Angulo enfatiza en una reforma laboral que ayude a incrementar la cobertura pensional en el país, es decir las arcas de sus empresas.

La misma ANIF propone dentro de la reforma laboral, un salario diferencial para jóvenes menores de 25 años, argumentando que estarían en proceso de formación por lo menos en el primer año de contrato; esta medida según la ANIF, permitiría generar 300.000 nuevos empleos. Esto sumado a la propuesta del pago por horas y la reasignación del salario diferencial por regiones, aumentaría enormemente la ya precarizada situación laboral en favor de las necesidades del flujo creciente de capital en el mercado. A usted joven trabajador lo podrían contratar por horas hasta sus 25 años, rebotando en el mercado laboral con el 75% del salario mínimo, con la más mínima posibilidad de cotizar pensiones durante ese periodo, por supuesto, si se encuentra en una ciudad competitiva, de lo contrario su salario se podría reducir más, incluso llegando hasta al 30% sobre el valor que se esperaba fuese realmente el mínimo.

Movilización social

El mismo 10 de octubre, cuando Sarmiento Angulo dictaba sus recomendaciones en materia tributaria, y política para el país ante la ANIF, en las calles se unían las voces de la población colombiana para sumarse a las protestas que decantarán en el gran Paro Nacional este 21 de noviembre, decisión tomada en el Encuentro Nacional de Emergencia del movimiento social y sindical el pasado 04 de octubre. “Derrotemos con unidad y movilización las políticas de Duque que destruyen la nación y la paz”, se consigna en el manifiesto producto del encuentro con la participación de las principales organizaciones sindicales, indígenas, estudiantiles, campesinas y populares del país.

En contra del denominado Paquetazo de Duque, el Paro Nacional del día 21 de Noviembre, llegará fortalecido por un lado, por las movilizaciones estudiantiles azuzadas por el creciente abuso del ESMAD, los comprobados casos de corrupción y el Art. 44 del presupuesto General de la Nación del 2020 que señala que “las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados para estas” y por otro lado, el movimiento indígena que encabeza la movilización ciudadana en contra de la continua masacre de las y los líderes territoriales; el pasado 29 de octubre asesinaron 5 indígenas del pueblo Nasa e hirieron otros 6, en el corregimiento de Tacueyó, del municipio de Toribío Cauca, entre las que se encontraba la gobernadora Neehwe’sx Cristina Bautista. Solamente en el 2019, según la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), han sido asesinados 115 indígenas en el país.

Motivado por los levantamientos populares en Ecuador, Haití, Chile, Perú, Costa Rica, Honduras y Argentina, Colombia vivirá un intenso mes de noviembre el cual tendrá demasiado en juego en el empoderamiento democrático de la ciudanía. Las movilizaciones ciudadanas tanto dentro, como fuera del país, serán la clave en la conformación de un frente único, las cuales permitan hacer cara en la contención de estas medidas lesivas para la sociedad colombiana, siendo la consolidación e implementación de un mandato popular, la dirección que nos demanda la coyuntura político-económica y ecológica de la actualidad.

La manipulación de las instituciones estatales en favor de la sublime teoría del crecimiento económico continuo, nos ha llevado a una crisis civilizatoria sin precedentes; el cambio climático prueba fehaciente de ello, nos llama a la sensatez como especie, al entronar nuestra sociedad en una idea tan abstracta como inalcanzable. Dejar nuestro bienestar social en la mano invisible del mercado será tan ingenuo como no reconocer quienes manejan los hilos de dichas manos. El 21 de noviembre marcará el inicio de un nuevo despertar de una sociedad que anhela la dinámica paz, o nos devolverá al camino de la estática guerra, como diría Jaime Bateman Cayón, no entre el gobierno y las guerrillas, sino entre la oligarquía y el pueblo colombiano.



[1] Disponible en: www.corteconstitucional.gov.co/comunicados/No.%2041%20comunicado%2016%20de%20octubre%20de%202019.pdf

[2] Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo

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