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Derechos humanos

La situación de las poblaciones indígenas en medio de múltiples formas de violencia

por Redacción, noviembre 11 de 2019.

La situación de las poblaciones indígenas en medio de múltiples formas de violencia

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por Redacción

Contrario a lo que se pensó después de haber firmado el acuerdo de paz en Colombia, la violencia volvió, Volvió a tomar fuerza se reorganizó y, aparentemente, cambió de objetivo.

Por: Leo Raymond (Redacción)
Traducción: Andrea Ávila González
Revisión: Ellen Henao

En el transcurso del año 2017, el Hospital Militar vio cómo el número de heridos disminuyó en 97% comparándolo con el año anterior, prueba fehaciente del silencio de los fusiles entre la guerrilla y el Estado. Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia cara a cara con hacia los líderes sociales ya era bastante deplorable, tal como lo muestra el Sistema de Información sobre las agresiones contra las personas defensoras de los Derechos Humanos (SIADDHH) del programa Somos Defensores.

La cifra de homicidios entre el 2016 y junio del 2019 varían según las instancias: 292 muertos según El Procurador General de la Nación, 486 muertos por la Defensoría del Pueblo y 734 según el Instituto de Estudios sobre la Paz y el Desarrollo INDEPAZ. Aunque todos los organismos no están de acuerdo con el número de homicidios, en algo están de acuerdo: la violencia contra los líderes sociales. Aunque estos datos no coinciden, todos los organismos señalan una violencia selectiva contra los líderes sociales.

Además, esta tendencia no sólo se restringe a algunas zonas particulares, sino que se presenta en 28 de los 32 departamentos de Colombia, así lo evidencia el reporte La Naranja Mecánica del programa Somos Defensores. Haciendo, también, un señalamiento sobre esta situación como un problema nacional, contrariamente a lo que insinúa el gobierno actual. 

Entre estos líderes sociales, 97 líderes indígenas han sido asesinados según la ONIC (Organización Nacional de Indígenas en Colombia) desde el inicio del gobierno de Iván Duque, el 7 de agosto de 2017. Pero esta tendencia parece haberse acentuado, desde inicios de este año, con 50 indígenas muertos, sobrepasando límites de violencia considerablemente a mediados de 2019 en algunos municipios del Cauca. Varios hechos se reportaron al respecto, el más conocido reciente fue el de Magdalena Cucubana, cacique de la comunidad indígena Makaguan en Arauca, decapitada el 03 de septiembre. 

En este territorio el CRIC señala que incluso los grupos armados declararon la guerra al movimiento indígena, entre otros, categorizándolos como objetivo militar. El asesinato, así como las amenazas a los vigilantes indígenas, hacen parte de la vida cotidiana del día a día. La autoridad reconocida por la ley que viene de la Constitución Nacional de 1991 confiere a las comunidades étnicas y culturales una cierta autonomía en términos de gobernanza. 

También, a comienzo del mes de septiembre, dos guardianes indígenas fueron objetivo por el ejército colombiano y uno de ellos fue abatido por las autoridades. Otras masacres se registraron en Antioquia y el Cauca contra las comunidades Kwe’sx Kiwe nasa. Incluso sabiendo que esos guardianes se desplazan desarmados, por con un único símbolo representativo de su autoridad: un bastón de madera pintado con los colores de su pueblo. Este panorama sombrío de las comunidades indígenas nos recuerda un capítulo terrible en la historia colombiana: las masacres perpetradas por grupos armados y los falsos positivos que dejó el Ejército Nacional. 

Las razones de estos homicidios son simples, no importa cuál sea la organización de los líderes sociales, ésta es una piedra en el zapato para los intereses de los poderosos, tal como lo declaró Diana Sánchez, directora de la Minga y del programa Somos Defensores el día 08 de abril de 2019. Así estas expectativas de los derechos humanos se vuelcan esencialmente contra los líderes y comunidades que obran en favor de la aplicación de los puntos firmados en el acuerdo de paz: la erradicación voluntaria de los cultivos ilícitos, la restitución de tierras y el reconocimiento de las víctimas.   En un sentido más amplio, esta es una lucha por la protección de su territorio, cultura y medio ambiente frente a proyectos estatales o privados, extractivistas, económicos y de narcotraficantes. Sin contar también con el resurgimiento de actores armados, legales e ilegales que se disputan una vez más estos territorios, las fuentes financieras y políticas que de allí manan. 

No obstante, los asesinatos cometidos por todas las bandas (guerrillas, disidencias, narcotraficantes, paramilitares e incluso el Ejército) son solamente la punta del iceberg. La violencia física es inconmensurable, pero la violencia psicológica también es extremadamente temible. De hecho, las cifras sobre los homicidios no muestran el número de personas amenazadas, desplazadas o intimidadas. Ahora bien, todas estas formas de violencia que apuntan a los dirigentes contribuyen al debilitamiento e incluso la destrucción de estos procesos organizativos comunitarios y de sus esferas.

Violencia indirecta

Más allá de estas agresiones físicas y psicológicas directas, se suman otros tipos de violencias contra las 102 poblaciones indígenas reconocidas por la Constitución Nacional colombiana, multicultural y pluriétnica. A tal punto de llegar a un 70% de riesgo de su extinción física y cultural según la ONIC y el Centro de Memoria Histórica. Si bien estas agresiones son una de las causas, es igualmente necesario poner en evidencia otros factores. 

Para empezar, como lo muestran los diferentes estudios y censos, la situación actual de los pueblos indígenas es más crítica que la media nacional en cuanto a las cifras de desempleo, el acceso a los servicios públicos, a la educación, a la pobreza, a la desnutrición. Esto se explica en parte por una situación que ellos mismos describen como producto del abandono estatal: de un Estado discriminatorio y neoliberal que siempre ha querido asimilarlos en virtud del imaginario de una nación homogeneizada antes que valorar y reconocer su diversidad. 

Así, aunque el rol del Estado social de derecho sea el de garantizar el buen desarrollo y las condiciones de posibilidades de sus ciudadanos, cabe notar que los territorios de los grupos étnicos continúan siendo el objeto de una falta de infraestructura pública, vial, educativa, sanitaria, etc. que acentúa una exclusión tanto económica como social y política. Ahora bien, estas carencias estructurales deberían haber sido compensadas por la Reforma Rural Integral, la Apertura Política y el capítulo Étnico de los Acuerdos de la Habana de 2016 en donde se exponen estos puntos. Pese a ello, el incumplimiento de los acuerdos de paz o al menos como mínimo su aplicación en los gobiernos sucesivos de Juan Manuel Santos y del actual presidente, Iván Duque, no han permitido remediar lo anterior descrito y en ciertos casos ha continuado acentuando esta desigualdad.

Así, estas poblaciones indígenas, como las otras poblaciones llamadas vulnerables (afrocolombianos, campesinos, etc.) están hoy por hoy en el centro de procesos de violencia que, a pesar de las discriminaciones y ofensas a sus dirigentes, no les ofrecen otra alternativa que las protestas y la resiliencia social para obtener lo que ellas denominan “el buen vivir”.

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