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Apertura política

La violencia en las últimas elecciones regionales en Colombia

por Redacción, noviembre 24 de 2019.

La violencia en las últimas elecciones regionales en Colombia

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por Redacción

A lo largo del calendario electoral de las votaciones regionales del 27 de octubre en Colombia la alerta por violencia electoral fue constante en muchas regiones del país.

Por: Angie Rincón

Teniendo en cuenta las 230 víctimas que cobró este periodo, las elecciones, que por su naturaleza se suponen democráticas, en muchos lugares del país están lejos de serlo. 

El pasado 27 de octubre Colombia vivió la jornada de elecciones regionales que se celebra cada 4 años para nombrar gobernadores, alcaldes, concejales y ediles. Como de costumbre, en un país marcado por la violencia, el impacto que puede tener la criminalidad y la ilegalidad sobre la jornada electoral es un tema que el gobierno nacional y las instituciones públicas no pueden dejar de lado. Sin embargo, a 3 años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y uno de los grupos armados más importantes del país (las FARC), las expectativas sobre estas elecciones, fueron altas con respecto a la disminución de la violencia. Según varias fuentes, la violencia electoral disminuyó en términos de presencia de grupos armados ilegales el día mismo de las elecciones, no obstante, al analizar de cerca los hechos de violencia ocurridos a lo largo del calendario electoral en diferentes regiones, la situación es alarmante y deja mucho que pensar sobre el cumplimiento del derecho a la participación política de los colombianos.

Según datos de la Fundación Paz y Reconciliación (institución que hizo varios informes sobre violencia electoral del periodo comprendido entre el 27 de octubre de 2018 al 10 de octubre de 2019), el periodo electoral dejó más de 230 víctimas en todo el país. Entre las víctimas se encuentran candidatos, precandidatos, miembros de partidos o movimientos políticos, funcionarios públicos y personas que han denunciado casos de corrupción. Los hechos violentos fueron variados, en la mayoría de los casos se trató de amenazas, pero también se registraron atentados, asesinatos y varios secuestros. En total se documentaron 24 asesinatos, de los cuales las víctimas en su mayoría fueron candidatos y precandidatos de los partidos de gobierno y de la oposición. Teniendo en cuenta los diferentes hechos violentos, la MOE (Misión de Observación Electoral) lanzó una alerta temprana, asegurando que al menos 152 municipios del país estaban en riesgo electoral por fraude y violencia electoral.

Los diferentes hechos revelan una forma de accionar de muchos adversarios políticos que está marcada por la criminalidad. Es evidente que para muchos políticos la violencia selectiva es una estrategia que aseguraría la descalificación de sus adversarios en la contienda política. En este contexto, es claro que el derecho a elegir y a ser elegido no tiene un cumplimiento real en muchos de los territorios. Además, este tipo de violencia ataca los derechos democráticos de los ciudadanos, pues a muchos los condena a la persecución, a la toma de decisiones políticas bajo presión o miedo e incluso a la muerte.

Al mismo tiempo estos actos demuestran que en muchos territorios no son los organismos gubernamentales los que instauran el orden, sino que son los grupos ilegales, ya sea por intereses ideológicos, políticos o económicos, los que logran el control territorial por medio de la criminalidad. Lo anterior implica una incapacidad de la parte del gobierno para ejercer control y brindar seguridad a la población.  Prueba de ello es el aumento de violencia que hubo durante los meses más próximos a las elecciones. Además, varios de los casos de amenazas denunciados terminaron convirtiéndose en atentados u homicidios. Por otra parte, el hecho de que en el 71 % de los casos de violencia electoral no se conozca los victimarios reitera que el gobierno no ha puesto a disposición de la población un plan eficaz que mitigue esta situación.

En este contexto, la democracia representada por el derecho al voto de cada ciudadano se mezcla con prácticas violentas a tal punto que pierde legitimidad. Bajo estas condiciones una verdadera democracia no puede existir, pues no se asegura la participación libre de cada ciudadano. No puede existir no solo porque las víctimas directas están siendo amedrentadas por amenazas, sobornos o en el peor de los casos silenciadas con la muerte, sino también porque el ambiente de miedo que se crea en los territorios sesga, direcciona o impide que la población se exprese en las urnas con libertad. Estás practicas sumen diferentes regiones del país en dinámicas gobernadas por el poder criminal imposibilitando la construcción de sociedad por la vía de la confrontación de las ideas y los argumentos. Esta situación es tan recurrente que ha llevado al país a comprender la violencia electoral como parte de la estrategia política.

Las elecciones del pasado 27 de octubre no solo dejan un sabor amargo por la victimas que cobraron, sino que también dan lugar a grandes interrogantes en lo que tiene que ver con la seguridad en las regiones, ya que la posesión de las diferentes figuras políticas, así como la conformación de los diferentes gabinetes en las alcaldías y gobernaciones es una actividad que está lejos de estar desligada de intereses individuales. Si a esto se le suma las masacres de líderes sociales e indígenas que se han venido presentando a lo largo de este año, es claro que el gobierno nacional debe repensar su estrategia de seguridad y evaluar su presencia en las regiones más afectadas con el fin de avanzar en la construcción de un país más democrático.

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