Pazport sitio web

Explorar temas
Síganos en Suscribete a nuestra newsletter

Justicia Transicional

La Fiscalía General, un obstáculo para el proceso de paz

por Medófilo Medina, septiembre 24 de 2018.

La Fiscalía General, un obstáculo para el proceso de paz

nombre de autor

por Medófilo Medina

Néstor Humberto Martínez, Fiscal General de la Nación desde 2016, ha demostrado ser un firme opositor al proceso de paz y al proceso de justicia transicional que éste representa.

24 septiembre 2018

Tomado de: Razón pública

Agenda estadounidense

Desde su posesión en agosto de 2016, el Fiscal General Martínez ha mantenido una agenda pública contra el proceso de paz. Una de sus primeras acciones fue reunirse con Loretta Lynch, la Fiscal General de Estados Unidos, luego de lo cual manifestó su deseo de reanudar las fumigaciones aéreas con glifosato en Colombia, atacando con esto uno de los puntos prioritarios del acuerdo con las FARC: la erradicación manual y voluntaria de los cultivos de coca.

Aunque no se sabe qué otros temas discutieron los dos fiscales, es clara la intención de retroceder a una política anti-drogas similar al Plan Colombia, cuyos resultados son debatibles.

El choque del fiscal con los pequeños cultivadores

En octubre de 2017, Martínez criticó al gobierno y su proyecto de ley que contemplaba un tratamiento diferenciado a los pequeños cultivadores de coca. Según Martínez Neira, esto erosionaría la política antidroga, motivo por el cual decidió retardar el proyecto al hacer caso omiso de las condiciones que se fijaron para su aplicación: (1) la posibilidad de los pequeños cultivadores a comprometerse con la erradicación del cultivo y (2) a la aceptación de un plazo de 45 días para hacerlo.

Cualquiera que juzgara de buena fe el proyecto de trato diferencial a los cultivadores, lo tomaría como una medida para apoyar la erradicación voluntaria y manual. No es el caso del Fiscal, quien ya había proclamado total obediencia a la política estadounidense de las fumigaciones aéreas y cuyas acciones sólo demuestran su interés de acercarse a la DEA.

Dilatar trámites

Martínez Neira gastó sus energías en enredar y dilatar el trámite de la ley que reglamentaría la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el Congreso de la República.

Luego de largas reuniones con el Ministro de Justicia y con los ponentes, el Fiscal se presentó como el gran triunfador cuando el Gobierno aceptó varias recomendaciones de la Fiscalía para la JEP, entre ellas según él, la de: “Perderán los beneficios de la justicia especial y serán competencia de la justicia ordinaria, los testaferros, disidentes, desertores y quienes sigan dedicados al narcotráfico”.

Sin embargo, esas condiciones en realidad ya formaban parte de las normas que se habían creado para la JEP. Presentarlas como novedades sólo buscaba debilitar a las instituciones de la justicia transicional ante la opinión pública.

La Fiscalía estaba manteniendo a la JEP en un limbo jurídico con el fin de ganar tiempo para habilitar a la justicia ordinaria como encargada de la administración jurídica del Acuerdo de Paz. El fiscal siempre ha querido conceder a la Fiscalía la capacidad de intervenir en investigaciones reservadas a la JEP mediante la práctica de interrogatorios, testimonios y otras pruebas.

Los shows del fiscal

En febrero de 2018, la Fiscalía declaró la expropiación de tres empresas comerciales: Supercundi, Merkandrea y Mercafusa bajo la acusación a sus propietarios de incurrir en testaferrato para las FARC.

La expropiación de estas empresas solo dio lugar a revueltas y saqueos, pues han pasado seis meses y la opinión pública no ha conocido aún las pruebas del testaferrato como tampoco se sabe qué pasó con la expropiación anunciada de “5 sociedades, 60 establecimientos de comercio, 70 cuentas bancarias, 7 casa lotes y 4 predios que no aparecen en inventario”.

Sin duda los grandes shows de Néstor Humberto Martínez Neira pasan por verdades ante el público cuando van acompañados de cifras y cuando cuentan con el apoyo de los medios de comunicación que manipulan la información para desprestigiar a los defensores del proceso de paz y aumentar la favorabilidad de la imagen del fiscal.

Prueba de ello, fue la decisión del periódico El Tiempo, de nombrar a Martínez como personaje del año en 2017; un premio que le otorgaron pese a estar involucrado en los escándalos de corrupción de Odebrecht, en los Panamá Papers y en el nombramiento de Gustavo Moreno, el ex fiscal anticorrupción capturado por corrupción.

El golpe al proceso de paz

El 9 de abril de 2018, Seusis Pausivas Hernández, conocido como Jesús Santrich, fue capturado con fines de extradición por órdenes de la Fiscalía que, con el apoyo de la Inteligencia estadounidense, lo acusaron de haber pactado un acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína a Estados Unidos.

La Fiscalía no puede tomar estas decisiones a la ligera; esta decisión fue un golpe enorme a la paz y el posconflicto. La Misión de Verificación de la ONU advirtió las consecuencias negativas a nivel político y jurídico, entre las cuales, que las disidencias se fortalecerían por miedo a la extradición.
Pastor Alape y Timochenko hacen constantemente un llamado a los ex miembros de las FARC que han partido a la clandestinidad para que respeten el proceso de paz, al tiempo que critican la inseguridad jurídica en la que han quedado los dirigentes y mandos medios de las Farc. La amenaza de extradición ha afectado enormemente a su partido político.

La Fiscalía actúa de mala fe

Las FARC han cumplido a cabalidad con la entrega de las armas pero la Fiscalía se dedica a perjudicar el proceso, obstaculizando la gestión de la JEP y negando la pertinencia de un sistema de justicia transicional que fue profundamente pensado y es considerado como emblemático por las instancias expertas en la materia a nivel mundial.

El fiscal pone continuamente en duda, las competencias de la JEP frente a la justicia ordinaria. Su cercanía política con la extrema derecha política, se evidencia en cada decisión.

La Justicia Especial para la Paz asegura el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Si se hubiera decidido que la negociación transcurriera sobre la base de la Justicia Ordinaria el proceso de paz no se hubiera siquiera iniciado.

Las partes en La Habana acordaron la Declaración de Principios sobre las Víctimas y coincidieron en que no iban a intercambiar impunidades. Este sistema de justicia partió de la voluntad de las partes para por un lado, evitar que los crímenes y la violación a los derechos humanos quedaran impunes y sin las penas correspondientes y, por otro lado reconocer los derechos de las víctimas del Conflicto Interno.

¿Y las pruebas?

La Corte Constitucional avaló las facultades de la Fiscalía para continuar el proceso de extradición pero le ordenó al fiscal, enviar el expediente completo con el trámite

.
La JEP debe establecer si el presunto delito de Santrich se cometió antes o después del 1 de diciembre de 2016 pero no puede decidir a ciegas o basada en simples videos aportados por el fiscal. El 12 de septiembre, la JEP pidió a la Fiscalía el envío inmediato del expediente completo para conocer las pruebas documentales contra el exguerrillero pero la Fiscalía no respondió, irrespetando la autonomía de la JEP. Posteriormente, afirmó que las pruebas contra Santrich estaban en una corte de los Estados Unidos.

Que las pruebas no estén en las manos de la JEP afecta todo el sistema judicial de Colombia porque la Fiscalía pretende que se acepten ciegamente las versiones de la justicia y la Administración estadounidense.

¿Continuaremos volteando la mirada?

La manipulación de la información es tal que diferentes sectores políticos condenan a Santrich sin conocer las pruebas.
El precepto constitucional según el cual la Paz es un derecho y un deber debe aplicarse. Si lo hacemos, evitaremos que los colombianos y colombianas miren para otro lado mientras el fiscal avanza sin resistencia contra la paz.

 

fiscalia, nestor humberto martinez

Más artículos